Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio”, que, entre otras, incorpora diversas medidas de ámbito energético de interés para el colectivo de empresas instaladoras.
El Real Decreto-ley 7/2026 tiene por objeto llevar a cabo una respuesta que combina medidas de efecto inmediato con otras orientadas a reforzar la estructura energética a medio y largo plazo, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de la energía y por la necesidad de seguir avanzando en la electrificación y en el despliegue de fuentes renovables.
Entre las medidas de aplicación más inmediata, contempla una reducción temporal de la fiscalidad aplicable al suministro eléctrico, fijando el IVA de la electricidad en el 10% y rebajando el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, el mínimo que permite la Unión Europea. Estas medidas se complementan con la prórroga durante 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y térmico, así como con el mantenimiento de la garantía de suministro para consumidores vulnerables.
Por otro lado, el real decreto-ley incorpora medidas dirigidas a facilitar la adaptación de empresas y autónomos al escenario energético actual, con medidas extraordinarias que permiten ajustar las condiciones de contratación energética a la evolución de la actividad y la reducción del 80% de los peajes eléctricos aplicables a la industria electrointensiva.
Junto a ello, la norma incluye medidas orientadas a impulsar la electrificación y el despliegue de energías renovables, en línea con el objetivo de reducir la dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles. En este ámbito, se recogen medidas enfocadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios, el autoconsumo y el impulso de las bombas de calor, contemplándose también la aprobación de coeficientes específicos en el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar la sustitución de equipos térmicos fósiles por estas tecnologías.
En el ámbito de la optimización del uso de las redes eléctricas, el Real Decreto-ley 7/2026 introduce medidas dirigidas a promover un uso más eficiente de la capacidad disponible con mecanismos vinculados a la reserva de capacidad de acceso, para evitar la retención de permisos de acceso y conexión que no lleguen a materializarse y favorecer así la disponibilidad de capacidad para proyectos que sí avancen en su ejecución.
Por otro lado, se introduce un régimen de acceso flexible, que permite la conexión de determinados consumos modulables y de instalaciones de almacenamiento en función de las condiciones de la red, junto con otras medidas orientadas al fomento del almacenamiento de energía eléctrica como elemento de apoyo a la integración renovable y a la gestión del sistema.
En el ámbito de las energías renovables se crean las Zonas de Aceleración Renovable, concebidas como una herramienta para simplificar y agilizar la tramitación de proyectos en áreas previamente identificadas por su menor sensibilidad ambiental. Asimismo, introduce medidas que afectan al autoconsumo, entre ellas la ampliación de la distancia máxima entre generación y consumo de 2 a 5 kilómetros y la creación de la figura del gestor de autoconsumo, enfocada a facilitar la gestión técnica y administrativa de las instalaciones de autoconsumo colectivo.
Del mismo modo, este Real Decreto Ley introduce medidas vinculadas a la electrificación del transporte, entre las que destaca el Programa Auto+, dirigido a impulsar la renovación del parque móvil hacia vehículos eléctricos y electrificados, así como medidas tributarias que fomentan el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IRVE), prorrogando durante 2026 las deducciones en el IRPF vinculadas a la instalación de puntos de recarga por parte de los usuarios, junto con las relativas a la adquisición de vehículos eléctricos, y manteniendo las que afectan al Impuesto de Sociedades y la libertad de amortización en los casos en los que se lleven a cabo inversiones en nuevas instalaciones de recarga. En los próximos días, una vez hayamos analizado en detalle el Real Decreto Ley, os facilitaremos un resumen detallado de aquellos puntos que resultan de mayor interés para el colectivo de empresas instaladoras.